https://www.semana.com/ – Hace 72 años, el gobierno de Estados Unidos presentó en Europa un ambicioso plan de inversión para levantar de las ruinas a sus aliados del Viejo Continente después la Segunda Guerra Mundial. En 1952, cuando concluyó el conjunto de obras de infraestructura e inversiones, Europa reportaba el mayor crecimiento económico de su historia. Sin duda ese gran impulso les ayudó a esos países a salir adelante y le brindó a Estados Unidos el mercado natural para seguir expandiendo su economía en las décadas siguientes.
El Gobierno colombiano acaba de escoger esta estrategia de asfalto y concreto para reactivar la economía nacional, que hoy parece de posguerra. Dos datos recientes muestran el impacto de la pandemia: el desempleo en mayo llegó a 21,4 por ciento y la Ocde prevé que este año el PIB colombiano caerá entre 6,1 y 7,9 ciento.
Además de estos datos nefastos está la incertidumbre que se apoderó de las empresas, de los mercados financieros y hasta de las familias. Vencer ese miedo generalizado plantea el mayor reto antes de recuperar la dinámica productiva que traía el país desde el año pasado.
Las obras de infraestructura tienen un efecto combinado para la economía. Por un lado, generan miles de empleos en la etapa de construcción, y cuando entran a operar, permiten reducir los costos de transporte de mercancías y reducen los tiempos de viaje. Esas ventajas se traducen en una mayor competitividad de las empresas, aumento del turismo y más inversión en las regiones.
A diferencia de las crisis económicas anteriores, en esta oportunidad el país sí cuenta con proyectos de infraestructura listos para arrancar o para licitar.
Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) los planes de desarrollo de Cundinamarca, Antioquia, Valle y de sus tres capitales suman 58,9 billones de pesos. Se destaca en este monto la primera línea del metro de Bogotá, el Regiotram y la extensión del metro de Medellín, entre otras iniciativas. La capital tiene previsto ejecutar inversiones por 40 billones de pesos en obras de infraestructura de transporte.
El Gobierno nacional también tiene jugadas sus cartas. Apuesta principalmente por la quinta generación de concesiones (5G), cuya primera fase prevé construir 12 proyectos por 18 billones de pesos. En esta primera fase hay nuevas vías, aeropuertos, un tren de carga y el canal del Dique.
La 5G se complementará con un segundo grupo de obras que requerirán inversiones por otros 35 billones de pesos, entre las cuales se encuentra la ampliación del aeropuerto El Dorado. El plan de proyectos que tendrían el sello del presidente Iván Duque requiere inversiones por 53 billones de pesos.
Algunas de estas iniciativas ya tienen diseños y estudios completos, lo que facilitará abrir las licitaciones en el corto plazo. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, presentó la semana pasada, en un streaming, el ‘Plan Marshall local’, ante inversionistas de Europa.
De dónde saldrá la plata es la pregunta del millón. Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, dice que en los últimos días hubo buenas noticias sobre la fuente de los recursos. “El Confis aprobó una ampliación del cupo de las vigencias futuras a largo plazo, lo que permitirá generar unos 20 billones de pesos adicionales para financiar infraestructura”, anotó.
Habrá que raspar la olla. El 82,3 por ciento de las vigencias programadas entre 2021 y 2048 ya están comprometidas para financiar obras de infraestructura, y el metro de Bogotá consumirá cerca del 25 por ciento de ese total. Así que habrá que ampliar ese cupo, bien sea con más deuda o vendiendo participaciones públicas, tal y como viene discutiendo el país incluso antes de la pandemia.
¿Qué tan exitoso sería el plan propuesto? Al revisar las vías de cuarta generación, 4G, hay que concluir que se volvió tradición en el país incumplir las fechas y presupuestos de las obras, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, acaban de inaugurar la primera 4G que va de Honda a Puerto Salgar. Pero, en contraste, otros cuatro proyectos aún no arrancan.
En su columna de El Tiempo del 5 de julio, el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, pisó varios callos al criticar con vehemencia el trabajo del Gobierno en la ejecución de la 4G y el rol de los concesionarios en el desarrollo de los proyectos. Llama la atención de este regaño que el Gobierno pasado estructuró y contrató estos proyectos 4G.
Muchos de los ejemplos de vías fallidas que expone en su texto Vargas Lleras fueron suscritos en 2015, en pleno Gobierno Santos. Además, en 2012, cuando Vargas Lleras era ministro del Interior, la cartera tenía el desafío de solucionar la papa caliente de las consultas previas. Pero chocó con intereses regionales tan poderosos que le impidieron sacar adelante una solución definitiva en el Legislativo.
Por eso, deben asumir la responsabilidad tanto los gobiernos que no lograron solucionar los problemas enquistados en el sector –la compra de predios, las licencias ambientales y las consultas previas–, como el actual, cuyos esfuerzos a veces parecen insuficientes para poner la casa en orden.
A pesar de la dura opinión del exvicepresidente contra el Gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) optó por la cautela. “Realmente tengo todo el respeto y admiración por el exvicepresidente y frente al contenido de la columna, pues no tengo mayor opinión”, dijo a SEMANA el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez.
El funcionario indicó que a agosto de 2018, cuando Vargas Lleras dejó el cargo, el programa 4G presentaba un avance del 16 por ciento en promedio y que casi dos años después ya va en 42 por ciento.
La CCI también salió al paso de las críticas y le recordó al exvicepresidente que de los 29 proyectos 4G, 12 presentan avances entre el 50 y el 90 por ciento y otros cuatro entre el 20 y el 50 por ciento. “Vargas Lleras mira la excepción y no el conjunto”, anotó Caicedo Ferrer.
Al margen de estas discusiones, más políticas que técnicas, está claro que el país no puede darse el lujo de echar por la borda este nuevo y ambicioso plan de inversión que busca recuperar el empleo, la inversión y una economía maltrecha por una guerra contra un virus que no respeta fronteras.
La plata se consigue, los proyectos están ahí. Falta poner la casa en orden para que funcione el Plan Marshall criollo
Consulte el artículo original en: https://www.semana.com/
[:en]https://www.semana.com/ – Seventy-two years ago, the United States government presented an ambitious investment plan in Europe to lift its allies from the ruins of the Old Continent after World War II. In 1952, when the infrastructure and investment package was completed, Europe reported the largest economic growth in its history. Without a doubt, that great impulse helped those countries to get ahead and gave the United States the natural market to continue expanding its economy in the following decades.
The Colombian Government has just chosen this concrete asphalt strategy to reactivate the national economy, which today seems post-war. Two recent data show the impact of the pandemic: unemployment in May reached 21.4 percent and the OCDE forecasts that this year Colombian GDP will fall between 6.1 and 7.9 percent.
In addition to these disastrous data, there is uncertainty that took hold of companies, financial markets and even families. Overcoming this widespread fear poses the greatest challenge before recovering the productive dynamics that the country brought from last year.
Infrastructure works have a combined effect on the economy. On the one hand, they generate thousands of jobs at the construction stage, and when they come into operation, they reduce freight transport costs and reduce travel times. These benefits translate into increased competitiveness of enterprises, increased tourism and more investment in the regions.
Unlike previous economic crises, this time the country does have infrastructure projects ready to start or to tender.
For the Colombian Chamber of Infrastructure (CCI) the development plans of Cundinamarca, Antioquia, Valle and their three capitals total 58.9 billion pesos. Highlights in this amount are the first line of the Bogotá metro, the Regiotram and the extension of the Medellín metro, among other initiatives. The capital plans to make investments of 40 trillion pesos in transport infrastructure works.
The national government also plays their cards. It is mainly committed to the fifth generation of concessions (5G), whose first phase plans to build 12 projects for 18 billion pesos. In this first phase there are new roads, airports, a freight train and the Dike Canal.
The 5G will be complemented by a second group of works that will require investments of another 35 billion pesos, among which is the expansion of El Dorado airport. The project plan that would have the seal of President Ivan Duque requires investments of 53 billion pesos.
Some of these initiatives already have complete designs and studies, which will make it easier to open tenders in the short term. The Minister of Transport, Angela Maria Orozco, presented last week, in a streaming, the local ‘Marshall Plan’, to investors in Europe.
Where the silver will come from is the million-dollar question. Juan Martín Caicedo Ferrer, president of the ICC, says that in recent days there was good news about the source of the resources. «The Confis approved an expansion of the quota for future long-term investments, which will generate an additional 20 billion pesos to finance infrastructure,» he said.
We’ll have to scrape the pot. Eighty-two percent of the resources programmed between 2021 and 2048 are already committed to financing infrastructure works, and the Bogotá metro will consume about 25 percent of that total. So, we will have to expand that quota, either with more debt or selling public shares, as the country has been discussing even before the pandemic.
How successful would the proposed plan be? When reviewing the fourth generation, 4G, it must be concluded that it became a tradition in the country not to comply with the dates and budgets of the works, with some exceptions. For example, they have just inaugurated the first 4G that goes from Honda to Puerto Salgar. But, in contrast, four other projects still do not start.
In his column in El Tiempo on July 5, the former Vice President of the Republic, Germán Vargas Lleras, stepped on several calluses when vehemently criticizing the work of the Government in the implementation of 4G and the role of concessionaires in the development of projects. It is noteworthy that the last government structured and contracted these 4G projects.
Many of the examples of failed ways that Vargas Lleras exposes in his text were signed in 2015, during the Santos government. In addition, in 2012, when Vargas Lleras was Minister of the Interior, the portfolio had the challenge of solving the hot potato of the previous consultations. But it clashed with regional interests so powerful that they prevented it from pursuing a final solution in the legislature.
For this reason, both the governments that did not manage to solve the problems entrenched in the sector-the purchase of land, environmental licenses and prior consultations-must assume responsibility, like the current one, whose efforts sometimes seem insufficient to put the house in order.
Despite the former vice president’s harsh opinion against the government, the National Infrastructure Agency (ANI) opted for caution. «I really have all the respect and admiration for the former vice president and for the content of the column, because I have no greater opinion,» the president of the ANI, Manuel Gutiérrez, told SEMANA.
The official said that in August 2018, when Vargas Lleras left office, the 4G program presented an advance of 16 percent on average and that almost two years later already goes at 42 percent.
The ICC also stepped up to criticism and reminded the former vice president that of the 29 4G projects, 12 show progress between 50 and 90 percent and another four between 20 and 50 percent. «Vargas Lleras looks at the exception and not the ensemble,» said Caicedo Ferrer.
The money is obtained, the projects are there. It is necessary to put the house for the Marshall Plan to work creole.
See the original article at: https://www.semana.com/
[:pb]https://www.semana.com/ – 72 anos atrás, o governo dos Estados Unidos apresentou na Europa um ambicioso plano de investimento para tirar seus aliados das ruínas do velho continente após a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, quando o conjunto de obras e investimentos em infraestrutura foi concluído, a Europa registrou o maior crescimento econômico de sua história. Sem dúvida, esse grande impulso ajudou esses países a avançar e deu aos Estados Unidos mercado natural para continuar expandindo sua economia nas décadas seguintes.
O governo colombiano acaba de escolher esta estratégia de asfalto e concreto para reativar a economia nacional, que hoje parece uma de pós-guerra. Dois dados recentes mostram o impacto da pandemia : o desemprego em maio atingiu 21,4% e a OCDE prevê que este ano o PIB colombiano caia entre 6,1 e 7,9%.
Além desses dados desastrosos, há a incerteza que atingiu as empresas, os mercados financeiros e até as famílias. Superar esse medo generalizado representa o maior desafio antes de recuperar a dinâmica produtiva que o país trouxe desde o ano passado.
As obras de infraestrutura têm um efeito combinado na economia. Por um lado, pode gerar milhares de empregos na fase de construção e quando eles começam a operar, permitem reduzir custos de frete e reduzir os tempos de viagem. Essas vantagens se traduzem em maior competitividade das empresas, aumento do turismo e mais investimentos nas regiões.
Diferentemente das crises econômicas anteriores, desta vez o país tem projetos de infraestrutura prontos para iniciar ou licitar.
Para a Câmara de Infraestrutura da Colômbia (CCI) os planos de desenvolvimento de Cundinamarca, Antioquia, Valle e suas três capitais totalizam 58,9 bilhões de pesos. Destaca-se nesta quantidade a primeira linha do metrô de Bogotá, o Regiotram e a extensão do metrô de Medellín, entre outras iniciativas. A capital planeja executar investimentos de 40 bilhões de pesos em obras de infraestrutura de transporte.
O governo nacional também tem suas cartas jogadas. Aposta principalmente na quinta geração de concessões (5G), cuja primeira fase planeja construir 12 projetos por 18 bilhões de pesos. Nesta primeira fase, existem novas rodovias, aeroportos, um trem de carga e o canal Dique.
A 5G será complementado por um segundo grupo de obras que exigirá investimentos por outros 35 bilhões de pesos, entre os quais a expansão do aeroporto de El Dorado. O plano do projeto que teria o selo do presidente Iván Duque exige investimentos de 53 bilhões de pesos.
Algumas dessas iniciativas já possuem desenhos e estudos completos, o que facilitará a abertura de propostas no curto prazo. A ministra dos Transportes, Angela María Orozco, apresentou na semana passada, em um streaming, o “Plano Marshall local”, para investidores da Europa.
De onde virá o dinheiro é a questão do milhão de dólares. Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente do CCI, diz que nos últimos dias houveram boas notícias sobre a fonte dos recursos. “O Confis aprovou uma extensão da cota de termos futuros de longo prazo, o que permitirá gerar 20 bilhões de pesos adicionais para financiar infraestrutura” .
A panela terá que ser raspada. 82,3% das validades programadas entre 2021 e 2048 já estão comprometidas com o financiamento de obras de infraestrutura, e o metrô de Bogotá consumirá cerca de 25% desse total. Portanto, essa cota terá que ser ampliada, com mais dívida ou com a venda de ações públicas, como o país vem discutindo antes mesmo da pandemia.
Qual o sucesso do plano proposto? Ao revisar as rotas de quarta geração, 4G, deve-se concluir que se tornou uma tradição no país violar as datas e os orçamentos das obras, com algumas exceções. Por exemplo, acabou de ser inaugurado o primeiro 4G que vai da Honda a Puerto Salgar. Mas, por outro lado, outros quatro projetos ainda não começaram.
Na sua coluna do El Tiempo do dia 5 de julho, o ex-vice-presidente da República, Germán Vargas Lleras, pisou em vários calos quando criticou veementemente o trabalho do governo na execução de 4G e o papel das concessionárias no desenvolvimento dos projetos. É impressionante essa repreensão que o governo passado estruturou e contratou esses projetos 4G.
Muitos dos exemplos de rodovias fracassadas que Vargas Lleras expõe em seu texto foram assinados em 2015, em meio ao governo de Santos. Além disso, em 2012, quando Vargas Lleras era ministro do Interior, o ministério teve o desafio de resolver a batata quente de consultas anteriores. Mas chocou com interesses regionais tão poderosos que o impediram de buscar uma solução definitiva no Legislativo.
Portanto, ambos os governos devem assumir a responsabilidade de não conseguirem resolver os problemas entrincheirados do setor – compra de terras, licenças ambientais e consultas prévias – , como o atual, cujos esforços às vezes parecem insuficientes para colocar a casa em ordem.
Apesar da opinião dura do ex-vice-presidente contra o governo, a Agência Nacional de Infraestrutura (ANI) optou por cautela. “Eu realmente tenho todo o respeito e admiração pelo ex-vice-presidente e em relação conteúdo da coluna, porque não tenho mais opiniões”, disse o presidente da ANI, Manuel Gutiérrez, à WEEK.
O funcionário indicou que, em agosto de 2018, quando Vargas Lleras deixou o cargo, o programa 4G apresentou um avanço de 16% em média e, quase dois anos depois, já é de 42%.
O CCI também criticou e lembrou ao ex-vice-presidente que, dos 29 projetos 4G, 12 mostram progresso entre 50 e 90% e outros quatro entre 20 e 50%. “Vargas Lleras olha para a exceção e não para o todo” observou Caicedo Ferrer.
Além dessas discussões, mais políticas que técnicas, é claro que o país não pode se dar ao luxo de abandonar esse novo e ambicioso plano de investimentos que busca recuperar emprego, investimentos e uma economia desgastada por uma guerra contra um vírus que não respeita fronteiras.
O dinheiro se consegue, os projetos estão ai. É necessário arrumar a casa para que o Plan Marshall criollo funcione
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