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https://www.milenio.com/ – Considerando que el Decreto señala una vacatio legis de ciento ochenta días naturales, la reforma entrará en vigor el día 6 de junio de 2021, fecha en que ya deberá estar consumada la transferencia de recursos materiales, humanos y financieros por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (SEMAR), incluidas las Administraciones Portuarias Integrales, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante (FIDENA).

Desde que en 2017 se creó la figura de Autoridad Marítima Nacional, la atención de diversos trámites y servicios marítimos ha permanecido dividida entre la SCT y la SEMAR, causando incertidumbre en los particulares que constantemente deben asegurarse respecto a si, efectivamente están acudiendo a la instancia competente para atender sus solicitudes. Ejemplo de lo anterior, es el otorgamiento de permisos a embarcaciones, de lo cual se encarga SEMAR siempre y cuando éstas sean menores de 500 unidades de arqueo bruto (UAB), mientras que la SCT es la competente si se trata de embarcaciones mayores de dicha cantidad de UAB. Una figura que actualmente también se encuentra divida, es la del tráfico marítimo, ya que la ley señala que de la boya de recalada hacia el interior de los recintos portuarios y zonas de fondeo, la autoridad competente es la SCT, mientras que la SEMAR se hace cargo fuera de dicho punto de referencia.

Con la entrada en vigor de la reforma, la SCT dejará de tener injerencia en asuntos marítimo-portuarios, quedando a cargo únicamente de los ámbitos terrestre y aéreo, incluidas las telecomunicaciones; mientras que SEMAR asumirá la administración federal marítima y portuaria en una estructura orgánica similar a la que se encontró en vigor hasta el año 1976.

El ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional en nuestro país se consolidará en una sola institución: la Marina, quien será la responsable de verificar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional marítima-portuaria; lo anterior, en coordinación con las Dependencias con competencia en el rubro, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como autoridad ambiental, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en su carácter autoridad laboral, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en materia de pesca y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por lo que hace a la explotación de hidrocarburos en la mar.

A partir del 6 de junio del próximo año, la SEMAR asumirá las siguientes funciones:

• Ejercer la Autoridad Marítima Nacional, no sólo en las zonas marinas mexicanas, sino también en las costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como en las aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia, tales como la presa de Valle de Bravo y el lago de Tequesquitengo.

• Actuar como ventanilla única para la atención de todos los trámites y servicios marítimos portuarios.

• Fungir como Autoridad Portuaria para los efectos de la Ley de Puertos y su Reglamento, así como Autoridad Designada del Código Internacional de Protección para la Protección de las Embarcaciones y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), para lo cual continuará apoyándose de los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (CUMARES).

• Administrar los puertos centralizados y coordinar las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), las cuales permanecerán bajo el régimen actual de títulos de concesión, sujetándose a la organización y funcionamiento previstos en dichos títulos.

• Coordinar la implementación de las acciones necesarias con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, para el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales en materia marítima, en el ámbito de su competencia.

• Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua y las tarifas para el cobro de los mismos; así como expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia marítima y portuaria, verificando y certificando su cumplimiento.

• Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua y de la Marina Mercante, así como del sistema portuario nacional; por lo que estará encargada de coordinar con las demás instancias gubernamentales la elaboración de la Política Marítima Nacional de nuestro país.

• Dirigir, además de la educación naval, la educación náutica mercante, la cual conservará su carácter civil, ya que la reforma no considera en ninguna de sus disposiciones la fusión de ambas, por lo que a ninguna de las tres Escuelas Náuticas les aplicará un régimen castrense, a diferencia de la Escuela Naval Militar.

• Regular, promover y organizar a la Marina Mercante, encargarse de su formación y capacitación y otorgar los certificados de competencia respectivos.

• Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales.

• Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país y, en su caso, autorizarlas cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas.

• Regular el Control de Tráfico Marítimo en todas las zonas marinas mexicanas.

• Representar al país en las negociaciones de los Tratados Internacionales en materia marítima, implantarlos e interpretarlos en la esfera administrativa.

• Llevar el Registro Público Marítimo Nacional, donde se inscriben los actos jurídicos de las embarcaciones mayores de bandera nacional. • Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente; dicho servicio continuará prestándose por personal de la Marina Mercante y no por personal naval.

• Imponer sanciones administrativas derivadas de las infracciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos.

Además de la reestructuración de atribuciones, la reforma también incluyó modificaciones a las disposiciones relativas a la coordinación administrativa en materia de desatención de tripulaciones, que hoy día únicamente considera a las extranjeras y no a las nacionales, por lo que se estableció un procedimiento aplicable a ambas tripulaciones con la intervención de la STPS a través de inspecciones laborales en embarcaciones y artefactos navales tanto de bandera mexicana como extranjera en coordinación con SEMAR. Asimismo, se incrementará de 15 a 20 por ciento las embarcaciones extranjeras que deberán ser inspeccionadas por las Capitanías de Puerto, en armonía con lo establecido en el Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado Rector del Puerto 2015.

Cabe mencionar que la reforma no contempla modificaciones al régimen aduanero, en virtud de que la SEMAR y la Administración General de Aduanas ya se encuentran coadyuvando mediante mecanismos de colaboración intergubernamentales a fin de que el personal naval brinde la seguridad respectiva al personal de aduanas en el ejercicio de sus atribuciones en las aduanas marítimas.

Posteriormente a la entrada en vigor de la reforma, el Ejecutivo Federal contará con otros ciento ochenta días naturales para expedir las modificaciones a la legislación secundaria respectiva, por lo que, a más tardar el 3 de diciembre de 2021, el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Reglamento de la Ley de Puertos y el Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria -entre otros-, deberán estar armonizados con el Decreto. Hasta en tanto no se expidan dichas modificaciones, las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas respecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuyas atribuciones fueron transferidas a la Secretaría de Marina, se entenderán referidas a esta última Dependencia.

Consulte la noticia original en: https://www.milenio.com/

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https://www.milenio.com/ – Whereas the Decree indicates a vacatio legis of one hundred and eighty calendar days, the reform will enter into force on 6 June 2021, the date on which the transfer of material resources must be completed, from the Secretariat of Communications and Transport (SCT) to the Secretariat of the Navy (SEMAR), including the Integrated Port Administrations, the General Coordination of Ports and Merchant Marine and the Training and Training Trust for Merchant Marine Personnel (FIDENA).

Since the creation in 2017 of the National Maritime Authority, the attention of various procedures and maritime services has remained divided between the SCT and the SEMAR, causing uncertainty in the individuals who must constantly be assured about whether, they are effectively turning to the competent authority to deal with their requests. An example of this is the granting of permits to vessels, which is carried out by SEMAR if these are less than 500 units of gross tonnage (UAB), while the SCT is responsible for vessels larger than this amount of UAB. A figure that is currently also divided is that of maritime traffic, since the law states that from the mooring buoy towards the interior of the port enclosures and anchoring areas, the competent authority is the SCT, while SEMAR takes over outside that reference point.

With the entry into force of the reform, the SCT will cease to have any interference in maritime-port matters, being in charge only of the land and air areas, including telecommunications; while SEMAR will assume the federal maritime and port administration in an organic structure similar to that which was in force until 1976.

The exercise of the National Maritime Authority in our country will be consolidated in a single institution: the Navy, who will be responsible for verifying compliance with national and international maritime-port regulations; the above, in coordination with the Units with competence in the field, such as the Secretariat of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) as environmental authority as the labor authority, the Ministry of Agriculture and Rural Development (SADER) for fisheries and the Agency for Safety, Energy and the Environment (ASEA) for the exploitation of hydrocarbons at sea.

From 6 June next year, SEMAR will assume the following functions:

• Exercise the National Maritime Authority, not only in the Mexican marine areas, but also in the coasts, ports, port areas, terminals, marinas and port facilities, as well as in the national waters where activities within its competence are carried out, such as the Valle de Bravo dam and Lake Tequesquitengo.
• Act as a one-stop shop for all port procedures and maritime services.
• Serve as Port Authority for the purposes of the Ports Act and its Regulations, as well as Designated Authority for the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), for which it will continue to support the Unified Centers for Maritime and Port Security (CUMARES).
• To administer the centralized ports and coordinate the Integral Port Administrations (APIs), which will remain under the current regime of concession titles, subject to the organization and operation provided for in these titles.

To coordinate the implementation of the necessary actions with the other units of the Federal Public Administration, in order to comply with national and international provisions in maritime matters, within the scope of its competence.

• To lay down the technical rules for the operation and operation of public communications and water transport services and the rates for their collection; and to issue the Mexican Official Standards in maritime and port matters, verifying and certifying compliance.
• Formulate and conduct policies and programs for the development of water transport and the merchant navy, as well as the national port system; so it will be in charge of coordinating with the other governmental bodies the elaboration of the National Maritime Policy of our country.
• To direct, in addition to naval education, merchant nautical education, which will retain its civil character, since the reform does not consider in any of its provisions the merger of both, so that neither of the three Nautical Schools will be subject to a military regime, unlike the Naval Military School.
• Regulate, promote and organize the Merchant Navy, conduct its training and training, and issue the respective certificates of competence.
• Award and grant contracts, concessions and permits for the establishment and operation of services related to communications and water transportation with vessels or naval devices.

Construct, rebuild and conserve the maritime, port and dredging works required by the country and, where appropriate, authorize them when they exceed their technical and operational capabilities.

• Regulate Maritime Traffic Control in all Mexican marine areas.
• Represent the country in the negotiations of the International Treaties in maritime matters, implement them and interpret them in the administrative sphere.
• Keep the National Maritime Public Registry, where the legal acts of the larger vessels of national flag are registered.
• Impose administrative penalties for violations of the Maritime Navigation and Trade Act and the Ports Act.

In addition to the restructuring of powers, the reform also included amendments to the provisions on administrative coordination in the area of crew neglect, which today only considers foreign women and not domestic women, Therefore, a procedure was established applicable to both crews with the intervention of the STPS through labor inspections on vessels and naval artifacts of both Mexican and foreign flag in coordination with SEMAR. In addition, the number of foreign vessels to be inspected by the port authorities in line with the Latin American Agreement on Port State Control 2015.

It should be mentioned that the reform does not provide for changes to the customs regime, in view of the fact that SEMAR and the General Customs Administration are already working through intergovernmental cooperation mechanisms to ensure that naval personnel provide security for customs personnel in the exercise of their powers in the maritime customs.

After the entry into force of the reform, the Federal Executive will have another 180 calendar days to issue the amendments to the respective secondary legislation, so that, no later than 3 December 2021, the Regulations of the Maritime Navigation and Trade Act, the Regulations of the Ports Act and the Regulations of the Unified Centre for Maritime and Port Security -among others, they must be harmonized with the Decree. Until such time as such amendments are issued, the references contained in other laws, regulations, decrees, Agreements and other administrative arrangements with respect to the Secretariat for Communications and Transport, whose powers have been transferred to the Secretariat of the Navy, shall be understood as referring to the latter Unit.

See the original article at: https://www.milenio.com/

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https://www.milenio.com/ – Considerando que o Decreto indica vacatio legis de cento e oitenta dias corridos, a reforma entrará em vigor no dia 6 de junho de 2021, data em que já deve ser concluída a transferência de recursos materiais, humano e financeiro pela Secretaria de Comunicações e Transportes (SCT) à Secretaria da Marinha (SEMAR), incluindo as Administrações Portuárias Integrais, a Coordenação Geral de Portos e Marinha Mercante e o Fundo de Treinamento e Capacitação de Pessoal de a Marinha Mercante (FIDENA).

Desde a criação da figura da Autoridade Marítima Nacional em 2017, a atenção dos diversos trâmites e serviços marítimos tem ficado dividida entre a SCT e a SEMAR, gerando insegurança nos indivíduos que devem verificar constantemente se realmente vão à instância competente para atender às suas solicitações. Um exemplo do exposto é a concessão de licenças a embarcações, de que a SEMAR é responsável, desde que sejam inferiores a 500 unidades de arqueação bruta (UAB), sendo a SCT a autoridade competente no caso de embarcações de maior dimensão de quantidade de UAB. Um número que atualmente também se divide é o do tráfego marítimo, pois a lei indica que da bóia de desembarque para o interior dos recintos portuários e fundeadouros, a autoridade competente é a SCT, enquanto a SEMAR é assume fora do referido ponto de referência.

Com a entrada em vigor da reforma, a SCT deixará de interferir em questões marítimo-portuárias, passando a ter a seu cargo apenas o transporte terrestre e aéreo, incluindo telecomunicações, enquanto a SEMAR assumirá a administração federal marítima e portuária em estrutura orgânica semelhante à que vigorava até 1976.

O exercício da Autoridade Marítima Nacional em nosso país se consolidará em uma única instituição: a Marinha, que será responsável por verificar o cumprimento das normas marítimas-portuárias nacionais e internacionais. O anterior, em coordenação com as Dependências com competência na área, como o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMARNAT) como autoridade ambiental, o Ministério do Trabalho e Previdência Social (STPS) na qualidade de autoridade trabalhista, o Ministério da A Agricultura e Desenvolvimento Rural (SADER) no domínio da pesca e a Agência para a Segurança, Energia e Ambiente (ASEA) no domínio da exploração de hidrocarbonetos no mar.

A partir de 6 de junho do próximo ano, a SEMAR assumirá as seguintes funções:

• Exercer a Autoridade Marítima Nacional, não só nas áreas marítimas mexicanas, mas também nas costas, portos, zonas portuárias, terminais, marinas e instalações portuárias, bem como nas águas nacionais onde são desenvolvidas atividades de sua competência, como o Barragem Valle de Bravo e lago Tequesquitengo.
• Atuar como uma janela única para a atenção de todos os procedimentos e serviços marítimos portuários.
• Atuar como Autoridade Portuária para os fins da Lei Portuária e seu Regulamento, bem como Autoridade Designada do Código Internacional de Proteção para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS), para o qual continuará a contar com os Centros Unificado para Proteção Marítima e Portuária (CUMARES).
• Gerenciar os portos centralizados e coordenar as Administrações Portuárias Integrais (APIs), que permanecerão sob o atual regime de títulos de concessão, sujeito à organização e operação previstas nos referidos títulos.
• Coordenar a implementação das ações necessárias com as demais dependências da Administração Pública Federal, para o cumprimento das disposições nacionais e internacionais em matéria marítima, no âmbito de sua competência.
• Estabelecer as normas técnicas de exploração e exploração dos serviços de comunicações públicas e transporte aquaviário e as tarifas da sua cobrança, bem como emitir as Normas Oficiais Mexicanas em matéria marítima e portuária, verificando e certificando seu cumprimento.
• Formular e conduzir políticas e programas para o desenvolvimento do transporte aquaviário e da Marinha Mercante, bem como do sistema portuário nacional. Portanto, caberá a ele coordenar com as demais instâncias governamentais a elaboração da Política Marítima Nacional de nosso país.
• Dirigir, além da educação naval, a educação náutica mercante, que manterá seu caráter civil, uma vez que a reforma não considera em nenhum de seus dispositivos a fusão de ambas, de forma que nenhuma das três Escolas Náuticas aplicará um regime militar, ao contrário da Escola Militar Naval.
• Regular, promover e organizar a Marinha Mercante, cuidar da sua formação e treinamento e conceder os respectivos certificados de competência.
• Adjudicar e outorgar contratos, concessões e autorizações para o estabelecimento e operação de serviços relacionados com comunicações e transporte aquaviário com embarcações ou dispositivos navais.
• Construir, reconstruir e preservar as obras marítimas, portuárias e de dragagem exigidas pelo país e, se for caso disso, autorizá-las quando excedam as suas capacidades técnicas e operacionais.
• Regular o controle do tráfego marítimo em todas as zonas marítimas mexicanas.
• Representar o país nas negociações dos Tratados Internacionais em matéria marítima, implementá-los e interpretá-los na esfera administrativa.
• Manter o Cadastro Público Marítimo Nacional, onde são registrados os atos jurídicos das grandes embarcações de bandeira nacional.
• Regular e monitorar se o serviço do piloto é prestado com segurança e eficiência. Este serviço continuará a ser prestado pelo pessoal da Marinha Mercante e não pelo pessoal da Marinha.
• Impor sanções administrativas derivadas de infrações à Lei da Navegação e Comércio Marítimo e à Lei dos Portos.

Para além da reestruturação de competências, a reforma incluiu também alterações às disposições relativas à coordenação administrativa em matéria de abandono de tripulações, que hoje só considera tripulações estrangeiras e não nacionais, para as quais foi estabelecido um procedimento aplicável a ambas as tripulações com a intervenção da STPS por meio de inspeções de trabalho em embarcações e dispositivos navais de bandeira mexicana e estrangeira em coordenação com a SEMAR. Da mesma forma, o número de embarcações estrangeiras que devem ser inspecionadas pelas Capitanias dos Portos aumentará de 15 para 20 por cento, em harmonia com as disposições do Acordo Latino-Americano sobre Controle de Embarcações pelo Órgão de Administração do Estado do Porto 2015.

Cabe destacar que a reforma não contempla modificações no regime aduaneiro, em virtude de a SEMAR e a Administração Geral Aduaneira já estarem auxiliando por meio de mecanismos de colaboração intergovernamental para que o pessoal naval dê a respectiva segurança ao pessoal aduaneiro no exercício das suas atribuições aduaneiras marítimas.

Após a entrada em vigor da reforma, o Executivo Federal terá mais cento e oitenta dias corridos para expedir as modificações ao respectivo direito derivado, portanto, até 3 de dezembro de 2021, o Regulamento da Lei de A Navegação e o Comércio Marítimo, o Regulamento da Lei dos Portos e o Regulamento do Centro Unificado de Proteção Marítima e Portuária -entre outros-, devem ser harmonizados com o Decreto. Até que tais modificações sejam editadas, as menções contidas em outras leis, regulamentos, decretos, acordos e outras disposições administrativas relativas ao Ministério das Comunicações e Transportes, cujas atribuições foram transferidas ao Ministério da Marinha, serão entendidas como referentes a esta última Unidade.

Veja a notícia original em: https://www.milenio.com/

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