PNUD
Las repercusiones económicas de la invasión rusa en Ucrania han tenido profundos efectos sobre América Latina y el Caribe. Las perturbaciones en las cadenas de suministro de los principales mercados de productos básicos (en particular en los sectores de los alimentos, los fertilizantes y la energía) han afectado los volúmenes y los precios de productos que son importantes para el comercio internacional de la región. Los efectos pueden variar considerablemente de país en país, dependiendo de si se trata de importadores o exportadores netos de tales productos. El aumento de los precios de los productos básicos ha tenido efectos negativos sobre los ingresos netos de algunos importadores de energía y alimentos
En contraste con la heterogeneidad en el canal comercial, todos los países de la región de América Latina y el Caribe están experimentando un alza de la inflación. Si bien son anteriores a la invasión de Ucrania, las presiones inflacionarias se han acelerado desde febrero de 2022, lo que ha suscitado preocupación en una región con importantes tensiones sociales y políticas. El aumento de las tasas de desempleo y de pobreza que dejó tras de sí la pandemia del COVID-19 persiste, y puede verse exacerbado por la guerra en Ucrania.
En la medida en la que la guerra contribuye a las presiones inflacionarias sobre los precios de los alimentos y la energía, la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos ha aumentado. Según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los mayores precios de los alimentos y la energía se traducirán en un aumento de 51,6 millones en el número de personas que viven con menos de 1,90 dólares diarios, con lo que la tasa mundial de pobreza pasará de un 8,3% a un 9%.
El comercio y la inflación no son los únicos canales a través de los cuales la guerra en Ucrania afecta a los países de la región. Existen otras dos dimensiones que vale la pena resaltar. En primer lugar, los indicadores fiscales se deterioraron considerablemente durante la pandemia, una situación que puede agudizarse aún más. En segundo lugar, y con relación a lo anterior, se están observando efectos negativos sobre los flujos netos de capital que ingresan a la región. Este último aspecto es motivo de inquietud, por cuanto un reciente informe indica que 2022 se ha caracterizado por un volumen importante de salidas de capital de los países emergentes y en desarrollo, que abarca a América Latina (JPMorgan, 2022).
Inflación
En abril de 2022, las tasas de inflación anual en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú estuvieron por encima de las registradas en diciembre de 2021. Impulsada por los precios de los alimentos, la inflación ha sido mayor para el decil de ingresos más bajos de la población; superando los niveles de inflación del grupo mediano por, aproximadamente, 1% y los del decil más alto de ingresos por 2%5. Según las estimaciones preliminares del Banco Mundial, en 2022 el nivel medio de pobreza en América Latina y el Caribe (cuyo umbral es de 5,50 dólares por día) permanecerá en un 26%, dadas las presiones inflacionarias, en vez de regresar a los niveles prepandemia (24% en 2019). Posiblemente esta situación exacerbe las tensiones sociales.
Comercio
Es probable que el alza en los precios de productos básicos lleve a que la cuenta corriente de los exportadores de productos básicos pase a ser positiva, mientras que los déficits de aquellos que los importan y que dependen del turismo aumentarán: se estima que sus déficits se ubicarán en torno al 9% del PIB.. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un aumento del 7% en los precios de los alimentos, junto con un incremento del 30% en los precios del petróleo, se traduciría en un alza de 1,25 puntos porcentuales de la inflación en el Brasil, Chile, Colombia, México y el Perú, en promedio. El índice de los términos de intercambio de productos básicos aumentó para estos cinco países entre enero y abril de 2022, dado el aumento de los precios del petróleo, del carbón (principalmente en Colombia) y de los alimentos.
El Caribe depende en gran medida del turismo, la mayoría de los países son importadores netos de energía y alimentos, en tanto que las exportaciones de servicios representan un 42,1% del total de sus exportaciones, según datos correspondientes al periodo 2015-2019. De manera similar, en Centroamérica las exportaciones de servicios como proporción del total de las exportaciones representan en promedio un 40,8%, en contraste con apenas un 13,3% en los países de América Latina y el Caribe que son exportadores de combustibles y energía. La inflación mundial de los precios de la energía y los alimentos, sumada a la lentitud de la recuperación de los ingresos del turismo tras la pandemia, plantea un escenario particularmente sombrío para los países del Caribe, en particular para Barbados, Belice, Granada, Jamaica y Santa Lucía.
Impactos fiscales
Se prevé que las empresas petroleras nacionales de los países exportadores de productos básicos de la región generarán, en promedio, ingresos fiscales adicionales equivalentes al 2,2% del PIB en 2023, al 1,4% en 2024 y al 0,8% en 2025. Sin embargo, estos ingresos adicionales se verán contrarrestados por el mayor costo de los subsidios energéticos, lo que implica que hasta los productores de petróleo podrían experimentar un deterioro de sus cuentas fiscales.
Durante 2020, la crisis del COVID-19 obligó a los gobiernos de América Latina a implementar medidas de protección social sin precedentes, pese a la caída de un 10,9% del recaudo fiscal, sumada a las contracciones generalizadas del PIB. Inevitablemente, esas condiciones se tradujeron en aumentos pronunciados en los déficits fiscales: el déficit fiscal promedio en América Latina fue de un 4,1% en 2019 y aumentó a un 8,8% en 2020.
En 2021, a medida que pasaron los puntos críticos de la emergencia sanitaria, algunos países comenzaron a reducir progresivamente las transferencias monetarias a los hogares vulnerables y otros programas de asistencia social, pero en la mayoría de los casos estos programas se mantuvieron debido a las graves repercusiones socioeconómicas de la pandemia. El gasto público de 2021, como porcentaje del PIB, fue un 1,3% más alto que en 2019. Por lo tanto, pese a que en 2021 los déficits fiscales disminuyeron frente a 2020 y se ubicaron en una media de un 4,5% del PIB, para cuando comenzó la guerra en Ucrania seguían siendo un problema no completamente resuelto.
Los subsidios a la energía son contrarios a los objetivos de reducción de emisiones, además de ser regresivos y de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Estos subsidios tienden a beneficiar de forma desproporcionada a los grupos de ingresos más altos, que tienen canastas de consumo más intensivas en energía. El aspecto regresivo de este tipo de subsidios también se relaciona con su elevado costo de oportunidad; como indicado anteriormente, se necesita una cantidad significativa de recursos para financiar estas políticas, lo que implica descartar la implementación de otras medidas con mejores mecanismos de focalización y, por ende, mejores efectos redistributivos. El caso del Ecuador es ilustrativo en este sentido; el quintil de ingresos más altos recibe 53,2% de los beneficios de los subsidios a la gasolina y 34,1% de los beneficios de los subsidios al diésel, mientras que los beneficios para el quintil de ingresos más bajos son de apenas 5,1% y 10,6%, respectivamente.
A pesar de que los costos políticos de revertir los subsidios a los alimentos y los combustibles en la región son significativos, estas medidas son provisorias por naturaleza, y deben eliminarse progresivamente. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben, de forma expedita, diseñar planes debidamente equilibrados de ajuste fiscal que incluyan recortes del gasto y la creación de nuevas fuentes de ingresos
Canal financiero
Las tensiones geopolíticas, la inflación y el riesgo de una recesión en las economías avanzadas han generado inquietudes en los mercados financieros mundiales. En consecuencia, se han agudizado los riesgos para los países de América Latina y el Caribe que tienen necesidades elevadas de financiación externa bruta y que carecen de reservas sólidas. El aumento de las tasas de interés, sumado al deterioro de las expectativas de crecimiento, afecta la sostenibilidad de la deuda.
La incertidumbre generalizada con respecto a las perspectivas económicas globales ha repercutido sobre las tasas de cambio, dado que los inversionistas buscan activos menos riesgosos. Sin embargo, los efectos no han sido los mismos para todos los países de América Latina y el Caribe. En los países donde las tensiones sociales y políticas preexistentes han aumentado la incertidumbre sobre las políticas nacionales, se ha observado una mayor depreciación de la moneda.
En Chile, el próximo referendo sobre la reforma constitucional ha aumentado la percepción de riesgo y, con ello, la depreciación ha sido más profunda, de un 30,9% frente a febrero de 2022. De manera similar, la incertidumbre respecto al gobierno recientemente elegido en Colombia ha tenido efectos negativos sobre el valor del peso colombiano, que desde febrero de 2022 se ha depreciado un 17,5%. Estos casos indican que pese a los efectos positivos en el ámbito comercial, el canal financiero es el que está dominando los efectos sobre valor de la moneda.
Crecimiento a mediano plazo
La probable recesión en Europa podría tener un efecto doble para América Latina y el Caribe. Por un lado, la disminución en los ingresos disponibles podría afectar la demanda de los productos que se exportan desde la región de América Latina y el Caribe. Por el otro, y desde una perspectiva más positiva, también es posible que las perturbaciones en las cadenas de suministro de energía y alimentos en Europa apuntalen el crecimiento de las exportaciones de productos básicos de la región, a medida que los países buscan proveedores más confiables de energía y alimentos. Sin embargo, este último efecto tardará en materializarse, ya que exige mejorar las capacidades de producción. Hasta ahora, únicamente Venezuela —que ha aumentado su producción en 50.000 barriles diarios mediante empresas conjuntas con Repsol (España) y Eni (Italia)— podrá responder con rapidez.
Pese al aporte relativamente pequeño de Rusia y Ucrania al PIB mundial y a su distancia geográfica de la región, las repercusiones económicas de la guerra y las sanciones revisten una enorme importancia para América Latina y el Caribe. Esto obedece a la posición que ambos países ocupan en los mercados de productos básicos relevantes para la región y al impacto de la guerra sobre las economías de Europa, uno de los principales mercados de exportación para los productos de Latinoamérica.
El aumento de los precios de los alimentos y la energía ha agudizado las presiones inflacionarias que América Latina y el Caribe ya venía enfrentando. En respuesta, los bancos centrales han aumentado las tasas de interés, lo que en última instancia ha aplacado la demanda agregada, en particular el consumo privado. Esto implica una moderación en las perspectivas de crecimiento para 2022 y más allá. También significa que en los países cuyos términos de intercambio se vean perjudicadas por la crisis —es decir, los importadores de alimentos y energía—, la política monetaria desempeñará una función procíclica que intensificará las repercusiones negativas de la guerra.
Ahora las crisis son mucho más frecuentes, son multidimensionales y se refuerzan entre sí. Las ramificaciones de la guerra en Ucrania son diversas, y los países de América Latina y el Caribe deben estar preparados. Limitar la clasificación a quienes ganan y quienes pierden a raíz de los cambios en los precios de los productos básicos no es acertado. La región debe prepararse para una serie de consecuencias negativas referidas a la inflación, los flujos de capital, el comercio y los equilibrios fiscales. Es necesario que los países logren anticiparse y responder de manera adecuada para minimizar los impactos.
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