[:es]

https://elpais.com/ – Latinoamérica tenía una ventaja en la lucha contra la covid-19. La enfermedad había atacado antes a China y Europa. Sabían lo que venía, los estragos que causaba y cómo habían conseguido frenarla. Muchos países comenzaron a confinar a sus poblaciones cuando el número de casos no era tan desorbitado como para colapsar sus sistemas de salud. Pero si algo ha demostrado el SARS-CoV-2 es su alta capacidad para propagarse y destruir vidas. En todos los sentidos. Solo en Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) ha matado a más de 11.400 personas hasta la fecha. Solo en México a 89.171, otras 2.226 en República Dominicana y 232 en Haití.

La economía de esta subregión tampoco ha quedado inmune. El golpe ha sido tan duro que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha decidido destinar un 27% de su presupuesto para la atención de los efectos de la pandemia a estos países. Son 3.336 millones de dólares en proyectos para mejorar la atención sanitaria allí donde se necesite, evitar que la población vulnerable se hunda en la pobreza y el hambre, e insuflar vida a las empresas y negocios que serán los protagonistas de la recuperación.

“Claramente, los países han sufrido un fuerte impacto sanitario, algunos registran las tasas más altas de contagios. Y los confinamientos han sido necesarios porque la capacidad hospitalaria y de atención era muy limitada”, analiza Verónica Zavala, gerente del departamento de países de Centroamérica, Haití, México y República Dominicana, del BID. En una videollamada desde Panamá, la experta destaca que la subregión se ha encontrado en “una situación especialmente difícil” porque no había condiciones sanitarias en cuanto a la cantidad de camas UCI, respiradores, personal médico, o la capacidad de hacer pruebas de detección de la enfermedad. “Y la economía se ha visto bastante golpeada”, agrega. Sus economías caen, las deudas aumentan y, con ello, crecen el hambre y la pobreza. El PIB de Centroamérica se contraerá un 6,2% en 2020 (que supera al descenso registrado durante la Gran Depresión de 1930, del 5%); con México en la ecuación, la caída será del 8,4%, según cálculos de la Cepal, el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Con este diagnóstico, la búsqueda e implementación de soluciones no podía esperar más. El BID tenía los recursos y el conocimiento de las necesidades de cada país. Unos mimbres con los que diseñar programas ad hoc para cada situación particular. En Nicaragua optaron por destinar 43 millones de dólares al fortalecimiento de su sistema sanitario. “Nuestro aporte fue el más grande para atender la situación sanitaria, con la mejora de las pruebas, de la capacidad de seguimiento, pero también con compra de equipos, con optimización de los hospitales, con más camas y respiradores”, detalla Zavala. Es uno de los escasos ejemplos en los que decidieron que era el propio sistema de salud el que necesitaba financiación. En la mayoría de los casos, han optado por invertir en el sostenimiento económico de las personas vulnerables y las empresas, con la reconstrucción pos-covid como meta.

“En el caso de Belice hicimos un planteamiento distinto. Es una población pequeña e hicimos una reformulación de un proyecto para garantizar la salud en el principal sostén de su economía, que es el turismo”, explica la representante del BID. Con una población de poco más de 380.000 habitantes, el 40% del empleo y el 37% del PIB del país dependen de este sector. El proyecto para mejorar la calidad, resiliencia y gobernanza del mismo, dotado con 15,5 millones de dólares desde 2015, se tornó rápidamente tras la irrupción de la covid-19 en uno que contribuyese a mantener las visitas asegurando la máxima protección de la salud de los turistas. “Ahora la toma de temperatura en los puntos de entrada, como los aeropuertos, o la creación de corredores seguros, son la norma; pero no lo era hace cuatro meses”, apunta Zavala. “Todavía no podemos medir el impacto, pero lo cierto es que sin estas medidas no se podría haber abierto el turismo”, reflexiona. “Hay factores externos que influyen, como que la gente tenga o no confianza para viajar, pero sí sabemos que si no hubiéramos habilitado estas cuestiones, no se podría pensar en la reactivación”.

En Costa Rica, el BID aprobó una operación de 265 millones de dólares para asegurar los niveles mínimos de ingreso y de empleo para la población más vulnerable del país en el período inmediato y durante la recuperación económica tras la crisis causada por la pandemia. “Se trata de acompañar con conocimiento técnico lo que el Gobierno estuviera haciendo. Por ejemplo, para apoyar a la gente que ha perdido el trabajo, tanto en el sector formal como informal, y que han visto que sus salarios se han reducido o ha desaparecido”, especifica Zavala. La fórmula es el Bono Proteger, que contempla actividades de capacitación para mejorar las habilidades y facilitar la inserción laboral formal, fortalecer y ampliar la cobertura del programa público Empléate, y subsidios salariales para empresas del sector turismo, condicionados a que mantengan sus niveles de empleo. “En total, la operación beneficiará a más de 365.000 personas”, destaca la responsable del Banco. “Esta experiencia va a ser un elemento más para el diseño de los estados del bienestar a futuro”.

“Esta región es muy desigual, con mucha informalidad y con muy poca recaudación. Tenemos que trabajar para incrementar el gasto, esto puede pasar por mejorar la gestión de la recaudación, como repensar si es que la política fiscal es la correcta, pero es importante luego ver que los recursos lleguen allí donde tienen que llegar. Si hay que tener subsidios, que sean los más inteligentes, si queremos tener un Estado que sea mejor en proteger a los más vulnerables, que siempre son los que sufren de una manera más intensa las crisis, que sea con subsidios que no se queden en las clases medias que no son las más desfavorecidas, pero que son más visibles”, reflexiona Zavala.

En Honduras y Panamá se han diseñado proyectos dirigidos al sector privado. En el caso del primero, el BID Invest (que trabaja con empresas) ha aprobado un préstamo de 64 millones de dólares al grupo textil Elcatex. “Para trabajar con ellos en un esquema que permita una mejora en las cadenas de valor, de suministro, con pymes y especialmente en pequeñas empresas lideradas o propiedad de mujeres”, continúa Zavala. Para ella, este es un ejemplo redondo de una inversión eficiente en el contexto de pandemia. “Al tratarse de una empresa textil, ha reorientado su producción para atender demandas de equipos de protección, batas, etcétera. Creemos que es un préstamo muy bueno para la generación de empleo, para el cierre de la brecha de género, al incorporar a más pymes lideradas por mujeres en el suministro, pero también desde el punto de vista de la producción vinculada a la covid. Es un proyecto que cierra un círculo en el contexto actual”.

Este contexto exige nuevas fórmulas. El coronavirus va a “disparar” la informalidad en Honduras, donde alrededor del 60% de la población ya está en este mercado laboral, señaló a EFE el economista hondureño Ismael Zepeda. Más de 250.000 personas han perdido su empleo a consecuencia de la paralización económica en el país, en el que el 44% de las micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado por falta de ingresos, indicó a la misma agencia de noticias el economista hondureño Alejandro Kafatti.

La informalidad alcanza en promedio al 63,5% de Centroamérica y afecta primordialmente a las mujeres

En el conjunto de la subregión, el problema es el mismo. Tanto es así que Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), instó hace un mes a abordar especialmente la problemática de la informalidad que alcanza en promedio al 63,5% y que afecta primordialmente a las mujeres por su alta representación en algunos de los sectores que se ven más impactados por la crisis de la covid-19, “como es el de servicios en el que trabaja un 55% de mujeres en comparación con el 44% de los hombres”, recoge el portal de noticias del organismo de la ONU. “Con la caída de las remesas familiares, un desplome de los flujos de turismo, la contracción de los flujos de comercio internacional y la menor llegada de inversión extranjera directa, el desempleo aumentará tres puntos porcentuales para llegar a 9,7%, mientras que la pobreza crecerá entre 3 y 6,5%”, pronostica.

En Panamá, uno de los países más avanzados de Centroamérica, pero donde el impacto de la covid-19 ha sido fuerte, el BID ha optado precisamente por apoyar financieramente a pequeñas y medianas empresas que eran competitivas y productivas antes de la pandemia y que, debido a la crisis que ha desencadenado, tienen dificultades para acceder a financiación y, por tanto, están en peligro de quiebra. “Es un proyecto de 300 millones de los que ya se han aprobado 150, para que estos negocios tengan un puente para que cuando la reactivación ocurra estén en capacidad de aportar. Lo interesante es que es un proyecto utilizando financiación a través de la banca para empresas que queremos que sobrevivan, urbanas, pero también en el agro, que emplea al 15% de la población y garantiza que el suministro de productos alimentarios se mantenga con los precios correctos. Y eso ayuda a la seguridad alimentaria”, zanja Zavala.

Consulte la noticia original en: https://elpais.com/

[:en]

https://elpais.com/ – Latin America had an advantage in the fight against covid-19. The disease had previously attacked China and Europe. They knew what was coming, the havoc it was causing and how they had managed to stop it. Many countries began to confine their populations when the number of cases was not so exorbitant as to collapse their health systems. But if SARS-CoV-2 has proven anything, it is its high capacity to spread and destroy lives. In every way. In Central America alone (Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica and Panama) more than 11,400 people have been killed to date. In Mexico alone, 89,171, 2,226 in the Dominican Republic and 232 in Haiti.

The economy of this subregion has also not been immune. The blow has been so hard that the Inter-American Development Bank (IDB) has decided to allocate 27% of its budget to deal with the effects of the pandemic in these countries. There are $3.336 billion in projects to improve health care where it is needed, to prevent vulnerable populations from sinking into poverty and hunger, and to breathe life into businesses and businesses that will be the protagonists of recovery.

‘Clearly, countries have had a strong health impact, with some having the highest rates of infection. And the confinement has been necessary because the hospital and care capacity was very limited, ‘says Verónica Zavala, manager of the IDB’s Central American, Haiti, Mexico and Dominican Republic departments. In a video call from Panama, the expert highlights that the subregion has found itself in ‘a particularly difficult situation’ because there were no sanitary conditions in terms of the number of ICU beds, respirators, medical personnel, or the ability to test for the disease. ‘And the economy has been hit pretty hard,’ he adds. Their economies are falling, debts are rising, and hunger and poverty are rising. The GDP of Central America will contract by 6.2% in 2020 (which surpasses the decrease registered during the Great Depression of 1930, of 5%); with Mexico in the equation, the fall will be 8.4%, according to ECLAC calculations, the United Nations development arm of Latin America and the Caribbean.

With this diagnosis, the search for and implementation of solutions could not wait any longer. The IDB had the resources and knowledge of each country’s needs. Some members with which to design ad hoc programs for each situation. In Nicaragua, they chose to allocate 43 million dollars to strengthen their health system. ‘Our contribution was the greatest to address the health situation, with the improvement of tests, monitoring capacity, but also with the purchase of equipment, with optimization of hospitals, with more beds and respirators,’ says Zavala. This is one of the few examples where they decided that it was the health system itself that needed funding. In most cases, they have chosen to invest in the economic support of vulnerable people and businesses, with post-covid reconstruction as a goal.

‘In the case of Belize, we made a different approach. It is a small population and we made a reformulation of a project to guarantee health in the main support of its economy, which is tourism, ‘explains the representative of the IDB. With a population of just over 380,000, 40 per cent of employment and 37 per cent of the country’s GDP are dependent on this sector. The project to improve the quality, resilience and governance of the same one, endowed with 15.5 million dollars since 2015, became quickly after the irruption of the covid-19 in one that contributed to maintaining the visits ensuring the maximum protection of the health of the tourists. ‘Now temperature capture at entry points, such as airports, or the creation of safe corridors, are the norm; but it wasn’t four months ago,’ says Zavala. ‘We still cannot measure the impact, but the truth is that without these measures tourism could not have been opened,’ he says. ‘There are external factors that influence, such as whether or not people have confidence to travel, but we do know that if we had not enabled these issues, we could not think about reactivation’.

In Costa Rica, the IDB approved a $265 million operation to ensure minimum income and employment levels for the country’s most vulnerable population in the immediate period and during economic recovery following the crisis caused by the pandemic. ‘It is a matter of accompanying with technical knowledge what the Government is doing. For example, to support people who have lost their jobs, both in the formal and informal sectors, and who have seen their wages cut or disappear, ‘says Zavala. The formula is the Bono Proteger, which includes training activities to improve skills and facilitate formal employment, strengthen and expand the coverage of the public program Empleate, and wage subsidies for enterprises in the tourism sector, subject to maintaining their employment levels. ‘In total, the operation will benefit more than 365,000 people,’ said the head of the Bank. ‘This experience is going to be one more element for the design of welfare states in the future’.

‘This region is very uneven, with much informality and very little revenue. We have to work to increase spending, this can happen by improving the management of revenue, like rethinking whether fiscal policy is the right one, but it is important then to see that resources get where they need to go. If we have to have subsidies, if we want to be the most intelligent, if we want to have a State that is better at protecting the most vulnerable, who are always those who suffer the most intense crises, that it be with subsidies that do not remain in the middle classes that are not the most disadvantaged, but that are more visible, ‘reflects Zavala.

Projects targeting the private sector have been designed in Honduras and Panama. In the case of the former, IDB Invest (which works with companies) has approved a $64 million loan to the textile group Elcatex. ‘To work with them in a scheme that allows an improvement in value chains, supply, SMEs and especially in small businesses led or owned by women,’ continues Zavala. For her, this is a roundabout example of efficient investment in the context of a pandemic. ‘Being a textile company, it has reoriented its production to meet the demands of protective equipment, robes, etc. We believe it is a very good loan for employment generation, for closing the gender gap, by incorporating more women-led SMEs into the supply, but also from the point of view of covid-linked production. It is a project that closes a circle in the current context’.

This context calls for new formulas. The coronavirus will ‘trigger’ informality in Honduras, where about 60% of the population is already in this labor market, Honduran economist Ismael Zepeda told EFE. More than 250,000 people have lost their jobs as a result of the country’s economic paralysis, in which 44% of micro, small and medium-sized enterprises have closed for lack of income, Honduran economist Alejandro Kafatti told the same news agency.

Informality reaches an average of 63.5% in Central America and primarily affects women

In the subregion, the problem is the same. So much so that Alicia Bárcena, Executive Secretary of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), urged a month ago to especially address the problem of informality, which averages 63,5% and affects primarily women because of their high representation in some of the sectors that are most impacted by the covid-19 crisis, ‘as is the service sector in which 55% of women work compared to 44% of men’, collects the news portal of the UN agency. ‘With the fall in family remittances, a collapse in tourism flows, the contraction of international trade flows and the lower inflow of foreign direct investment, unemployment will increase by three percentage points to 9.7 per cent, while poverty will grow between 3 and 6.5%, ‘he predicts.

In Panama, one of the most advanced countries in Central America, but where the impact of covid-19 has been strong, the IDB has chosen precisely to financially support small and medium-sized enterprises that were competitive and productive before the pandemic and that, because of the crisis it has triggered, they have difficulty accessing funding and are therefore in danger of bankruptcy. ‘It is a project of 300 million of which 150 have already been approved, so that these businesses have a bridge so that when the reactivation occurs, they are able to contribute. The interesting thing is that it’s a project using financing through banking for companies we want to survive, urban, but also in agriculture, which employs 15% of the population and ensures that the supply of food products is maintained at the right prices. And that helps food security, ‘Zavala said.

See original article at: https://elpais.com/

[:]